Comentario a la STJUE (Sala Tercera) de 24 de septiembre de 2026, Steizer, C-176/25, ECLI:EU:C:2026:785. Texto cerrado a 3 de noviembre de 2026.
Una fotografía puede circular por varias plataformas en pocos minutos, mientras que el contrato que permite explotarla permanece reducido a una conversación. Cuando aparece una copia no autorizada, el conflicto no se limita a decidir dónde se ha infringido el derecho. Antes habrá que saber si quien reclama lo adquirió válidamente. La sentencia Steizer sitúa esa dificultad en el centro de la relación entre los Reglamentos Roma I y Roma II.
La tesis de este comentario es que la contribución del fallo reside en impedir que la ley de la infracción absorba, por la sola unidad del proceso, una cuestión contractual distinta. Esa separación favorece la continuidad de la contratación internacional de contenidos, aunque exige delimitar con cuidado qué se ha resuelto y qué permanece fuera del pronunciamiento.
1. Un conflicto sobre fotografías y un contrato verbal
BT comercializaba accesorios de automóvil en Alemania, también a través de eBay. Entre 2014 y 2018 encargó fotografías a un profesional establecido en Polonia mediante acuerdos verbales, sin documentar por escrito la cesión de los derechos de uso. Otro vendedor, IU, utilizó algunas de esas imágenes en sus anuncios. La reclamación de BT suscitó una discusión previa: si la forma de la cesión debía examinarse conforme al Derecho alemán o al polaco, que exigía un acuerdo escrito.1
La objeción del presunto infractor afectaba así al título de adquisición invocado por quien demandaba. El contrato y la infracción estaban conectados en términos económicos y probatorios, pero esa conexión no resolvía su tratamiento conflictual. Convertir toda cuestión necesaria para estimar la demanda en una cuestión sometida a la ley de protección habría supuesto dar por demostrada precisamente la conclusión discutida.
2. Una cuestión contractual dentro de un litigio extracontractual
El Tribunal separa la responsabilidad por la infracción de la validez formal de la cesión. Esta última pertenece a la materia contractual y debe someterse a las normas de Roma I. Que la objeción proceda de un tercero ajeno al contrato no transforma su naturaleza. El fallo atiende a la función de la exigencia formal, vinculada a la manifestación de la voluntad de obligarse, y no únicamente a la posición procesal de quien la invoca.2
La distinción preserva el espacio propio del artículo 8.1 de Roma II: la obligación extracontractual derivada de una infracción de propiedad intelectual se rige por la ley del país para cuyo territorio se reclama protección. Además, el apartado 3 impide apartarse de esa conexión mediante un acuerdo de elección de ley. Una cláusula contractual y una infracción posterior no quedan, por tanto, sometidas sin más a una única ley por decisión del cesionario.3
Desde la perspectiva metodológica, el asunto muestra la importancia de identificar la cuestión jurídica antes de elegir el punto de conexión. La forma del negocio por el que se adquieren unos derechos y las consecuencias de su lesión por un tercero pueden requerir respuestas diferentes. La unidad de la demanda no impone una unidad de ley aplicable.
3. Acudir a Roma I no equivale a aplicar solo la lex contractus
Hay una precisión que resulta decisiva para la práctica. Roma I contiene una regla específica sobre la forma, en su artículo 11, que admite conexiones alternativas dirigidas a favorecer la validez. Si las partes se encuentran en países distintos, pueden ser relevantes, además de la ley que rija el fondo, las leyes de los países de su presencia o residencia habitual en las condiciones previstas por el precepto. La elección de ley del artículo 3 y la determinación subsidiaria del artículo 4 no agotan el examen.4
Por ello, afirmar que una cesión verbal es inválida porque no satisface la ley reguladora del fondo puede ser precipitado. Habrá que reconstruir dónde se encontraban las partes o sus representantes al contratar y cuáles eran sus residencias habituales. También habrá que comprobar que el supuesto encaja en la regla invocada. La contratación por correo electrónico o mediante una plataforma no elimina esas preguntas.
A nuestro juicio, esta precisión evita una lectura reductora de la sentencia. El paso desde Roma II a Roma I no consiste en sustituir mecánicamente una ley nacional por otra. Consiste en utilizar un sistema conflictual diferente, dentro del cual la forma recibe un tratamiento propio.
4. La adquisición no se confunde con la protección del derecho
La continuidad de una cesión formalmente válida no significa que todas las cuestiones relativas a los derechos cedidos queden contractualizadas. Deben mantenerse separados el carácter protegible de la obra, la autoría, el contenido del derecho y el alcance territorial de la protección. Tampoco puede deducirse una respuesta general para cualquier problema de eficacia frente a terceros a partir de una decisión centrada en la validez formal.
La consecuencia merece atención. Si una licencia comprende la explotación de imágenes en varios países, someter su forma a tantas leyes como territorios de protección podría introducir una incertidumbre difícil de anticipar al contratar. Pero la previsibilidad contractual tampoco permite atribuir a una cláusula más derechos de los que el ordenamiento de protección reconoce. El interés por la circulación de contenidos y la territorialidad de la propiedad intelectual se coordinan mediante la separación de cuestiones.
Esta es también la cautela necesaria al trasladar el razonamiento a licencias de contenidos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. La sentencia ofrece una enseñanza sobre la forma del contrato. La licitud del entrenamiento, las reservas de derechos o la existencia de una excepción legal necesitan su propio análisis. Presentar Steizer como una validación general de esas operaciones excedería el problema resuelto.
5. Validez, prueba y tribunal competente
Un contrato formalmente válido puede ser difícil de acreditar. Roma I distingue ambas dimensiones: su artículo 18 contempla las presunciones y la carga de la prueba, así como los medios admisibles para acreditar contratos y actos jurídicos. La ausencia de un documento firmado puede dejar abiertas controversias sobre qué facultades se cedieron, durante cuánto tiempo, para qué usos o con qué exclusividad, aunque la falta de firma no determine por sí sola la nulidad formal.5
En operaciones digitales, conservar las condiciones aceptadas, las comunicaciones y la identificación de las versiones contractuales ayuda a reconstruir el negocio. Estas precauciones tienen una función probatoria. No sustituyen el examen jurídico de la forma ni acreditan, por sí solas, que el cedente disponía de todos los derechos que prometía transmitir.
También debe diferenciarse la competencia judicial de la ley aplicable. La decisión sobre la forma de la cesión no atribuye automáticamente jurisdicción a los tribunales del país de la ley designada. Si el litigio reúne los presupuestos de Bruselas I bis, la competencia deberá justificarse con arreglo a sus reglas y a la pretensión efectivamente ejercitada.6
6. Una lectura para la economía de los contenidos
La digitalización multiplica los territorios en los que se explotan las obras y las relaciones que preceden a su utilización. El riesgo para la seguridad jurídica surge cuando esa complejidad se resuelve haciendo depender todo el litigio de una única etiqueta: contrato, propiedad intelectual o plataforma.
La propuesta interpretativa que defendemos consiste en identificar cada cuestión, determinar su norma de conflicto y explicar después cómo se coordinan los resultados. En Steizer, esa disciplina permite proteger la previsibilidad del contrato sin convertirla en una regla universal sobre la titularidad o sobre la infracción. Para quien adquiere contenidos, la pregunta relevante no termina en si dispone de una autorización: incluye qué ley permite considerarla formalmente válida y qué prueba conserva de su alcance.
Notas y fuentes
- TJUE, Boletín de jurisprudencia de septiembre de 2026, pp. 25–26, para la síntesis del litigio y sus antecedentes. ↩
- STJUE Steizer, C-176/25, ECLI:EU:C:2026:785, especialmente aps. 43–50 y fallo. Se comenta la calificación de la validez formal, sin extender el pronunciamiento a todas las cuestiones de titularidad. ↩
- Reglamento Roma II, art. 8.1 y 8.3. ↩
- Reglamento Roma I, arts. 3, 4 y 11.1–2. El art. 11 contiene reglas específicas adicionales, entre ellas las de los contratos comprendidos en el art. 6. ↩
- Reglamento Roma I, art. 18. ↩
- Reglamento Bruselas I bis, arts. 4 y 7, sin perjuicio de las demás reglas que resulten aplicables a la concreta acción. ↩